CEJIL pasó de una mirada principalmente enfocada en los derechos individuales a tratar también reclamos de carácter colectivo. Así, además de llevar a cabo numerosas capacitaciones y reuniones a nivel regional, de producir publicaciones (algunas traducidas a idiomas como el quichua), etc., CEJIL participó con otras organizaciones para conseguir que cesara la represión que vivían las comunidades.

De esta manera, entre las múltiples acciones realizadas, CEJIL acudió a la CIDH junto con el Centro de Defensa Legal Indígena Tob’nel Tinamit, para obtener medidas cautelares en beneficio de la comunidad Maya en Guatemala, para evitar que destruyeran el sitio sagrado Rosario-Naranjo Tulam Tzu, en el que se planeaba construir un complejo habitacional. Lo mismo ocurrió, también en Guatemala, con el caso Colotenango, en el que oficiales de las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil, (PACs), atacaron a miembros de la comunidad de Colotenango –tras una manifestación pacifica– dejando varios heridos y asesinando a uno de ellos.

Tras más de seis meses de negociaciones, las organizaciones peticionarias concluimos un acuerdo de solución amistosa con el Gobierno de Guatemala, que comprendió el pago de una indemnización por parte del Gobierno a la familia de la víctima, así como a diversas personas que fueron heridas, lesionadas, amenazadas, hostigadas e incluso obligadas a desplazarse de su domicilio habitual.

En esta línea, CEJIL denunció la situación de las comunidades cautivas del pueblo guaraní en el Chaco boliviano, sometidas a trabajo forzoso y servidumbre e instó a la CIDH a viajar para poder evaluar la realidad de la zona. Como resultado, ese mismo año, la CIDH realizó una visita al país en la que pudo comprobar la información provista por CEJIL y otras organizaciones. Posteriormente, en el 2009, y como resultado de esta visita, la CIDH dio una serie de recomendaciones que sentaron pautas para la elaboración de nuevas políticas para prevenir las relaciones de servidumbre y de trabajo forzoso en el Chaco, como en el resto del país.

CEJIL y las organizaciones con las que trabajó, consiguió que se establecieran sentencias pioneras en relación con los derechos civiles y políticos de personas indígenas en la región. Así, en los casos de Inés y Valentina, quienes fueron abusadas sexualmente en el marco de la presencia militar en los territorios indígenas de la Montaña del estado de Guerrero, logramos la reparación directa a ambas y el establecimiento de estándares sobre cómo deben los Estados garantizar el acceso a la justicia a mujeres pertenecientes a pueblos indígenas.

A su vez, estos casos detonaron la reforma al Código de Justicia Militar en México. Se reabrió la investigación de ambos casos y, en junio del 2018, se condenó a dos militares por la tortura sexual que sufrió Valentina Rosendo. Otro ejemplo es el caso de López Álvarez, encarcelado injustamente y al que se le prohibió durante su tiempo en prisión a hablar su lengua materna, el garífuna: la Corte IDH estableció que el idioma materno representa un elemento de identidad. Igualmente, en el caso YATAMA vs. Nicaragua, logramos el desarrollo de jurisprudencia emblemática sobre los derechos políticos de los pueblos indígenas de preservar su identidad y cultura a través de una participación electoral adecuada.

La comunidad Yakye Axa, en Paraguay, es otro ejemplo de lucha por el derecho a la tierra ancestral. Sus miembros son obligados a vivir en una pequeña área a la orilla de un camino, al lado del territorio donde está ubicada su tierra ancestral, de la que fueron despojados. Durante el período de reclamo del territorio, fallecieron dieciséis personas y se dieron múltiples casos de malnutrición y enfermedades graves, que afectaron sobre todo a los niños y niñas y personas ancianas.

Gracias al proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos –que llevamos junto con Tierra Viva– la Corte IDH reconoció el derecho a la propiedad indígena colectiva, desarrollando el significado especial que para los pueblos indígenas tiene su territorio ancestral como base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad y supervivencia económica, y reconoció explícitamente que la posesión ancestral de los indígenas sobre sus territorios tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado y que, consecuentemente, aquellos que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas aún a falta de título legal e incluso cuando las tierras se encuentren en manos privadas.

CEJIL, además, acompañó la visita de la Corte IDH en noviembre del 2017, en la cual el órgano de la OEA expresó su preocupación por la espera que aún mantiene la comunidad para acceder a su territorio –viviendo en la vereda de una ruta pública, sin acceso a agua potable, en viviendas de extrema precariedad y sin que el Estado les provea de los servicios de salud, alimentación y educación adecuados–, 13 años después de la sentencia. Como resultado de esta visita, el Estado se comprometió a cumplir con la sentencia y garantizar el acceso del pueblo a su tierra ancestral, lo cual se prevé que ocurra en los siguientes meses.

CEJIL lleva años trabajando por los derechos de los pueblos miskitos, tanto en Honduras como en Nicaragua.

En Honduras, debido a las lamentables condiciones de trabajo para los buzos miskitos, que pescan langosta y caracol, ya han muerto más de 400 de ellos y al menos 4.200 tienen algún tipo de discapacidad, producto de esta actividad productiva. El Estado no controla adecuadamente a las empresas involucradas, así, no se les garantiza el acceso a la seguridad social, las condiciones laborales son inhumanas, no previene las violaciones de los derechos a la vida, a la integridad personal ni a la salud y tampoco garantiza el acceso a la justicia debido a fuertes barreras estructurales y geográficas.

CEJIL, junto a la Asociación de Miskitos Hondureños de Buzos Lisiados (AMHBLI), representa a 43 buzos afectados y sus familias e intenta que este caso llegue hasta la Corte IDH, para que se establezcan cambios estructurales que permitan a los buzos miskitos con discapacidad tener una mejor calidad de vida así como establecer reformas normativas que controlen la actividad de la industria pesquera y prevengan este tipo de violaciones.

La zona costera del Caribe Norte en Nicaragua, tiene una historia de pobreza y violación del derecho de la propiedad de sus habitantes, la mayoría miskitos, que se remonta a los años 90. Esto provocó que se iniciara un proceso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que concluyó con una sentencia de la Corte en el 2001, ordenando al Estado nicaragüense a delimitar, demarcar y titular los territorios pertenecientes a comunidades indígenas. A pesar de ello, esta sentencia no se cumplió efectivamente y numerosos colonos, o no indígenas, han invadido territorios indígenas haciendo que la violencia haya ido escalando. En este contexto, en los últimos años han asesinado a 34 miskitos, lesionado a 44, secuestrado a 25, hay cuatro desaparecidos y cerca de 3.000 se encuentran desplazados.